El empleo y el cambio de ciclo en la economía argentina

Domingo, 28 de febrero de 2016.

Muy afecto a la restauración, el empresariado argentino empezó a desempolvar las viejas recetas del ajuste y lo hizo sin anestesia.

Crisis laboral. La planta química Ar-Zinc de Fray Luis Beltrán cerró esta semana y dejó a 400 trabajadores en la calle.

Un nuevo cambio de ciclo asoma en el horizonte de la economía argentina. Mucho más cerca de lo que se preveía, la transferencia de recursos hacia los sectores más beneficiados acentuados por la devaluación fue apenas la primera muestra del sustrato más profundo de este proceso de acumulación que, a diferencia de las épocas del primer kirchnerismo, no viene acompañado de una expansión inédita de la actividad económica, pero sí de la convicción de que es clave sostener la renta extraordinaria.

Muy afecto a la restauración, el empresariado argentino empezó a desempolvar las viejas recetas del ajuste y lo hizo sin anestesia. El anuncio del cierre de la planta química Ar-Zinc (del grupo Glencore) en Fray Luis Beltrán, que deja a 400 trabajadores en la calle, es la muestra más visceral de esta nueva fase. Una que ya venían anticipando los conflictos como los de Paraná Metal en Villa Constitución, Vassalli, en Firmat, Sadesa en Las Toscas y un conjunto de pymes ligadas a la producción primaria o industrial en Santa Fe.

Estos procesos que con virulencia parecieron desatarse en forma desbocada a partir de la asunción del nuevo gobierno muestran varios frentes: por un lado, la importancia de las políticas de contención del empleo a través de un Estado que _con todos sus límites_ actúe como resguardo; y por otro, la falacia de que la readecuación de las variables macroeconómicas (tipo de cambio, subsidios, etcétera) son garantes per se de un reacomodamiento de la actividad y un aluvión de inversiones.

En realidad, la sucesión de suspensiones, retiros voluntarios y despidos expresa, con sus variantes, cómo esta nueva fase del modelo busca barajar y dar de nuevo, habida cuenta de que las señales de expectativas positivas que pregonan desde los distintos sectores para el segundo semestre caminan en paralelo con el telegrama fácil y el achique.

Esta suerte de pacto social velado que logró sostener a cuentagotas el último mandato de Cristina hizo eclosión rápidamente, en buena parte alimentado por la contención forzada de variables que ahogaban a muchas economías regionales, pero en el fondo, y en definitiva, por una decisión clara de avanzar hacia una nueva fase del modelo que necesita restaurar posiciones entre aquellos actores más fuertes en la puja distributiva.

Este frente de tormenta se transformó en un terreno obligadamente fértil para la política y la pelea gremial, que rápidamente obligó a la ortodoxia sindical a despabilarse de la larga siesta de los acuerdos y la chicana fácil, para alinearse en un frente común de reclamo. Y dar por finalizada la luna de miel con Macri. Y a las organizaciones más opositoras a sumar masa crítica en la calle detrás de sus tradicionales consignas.

La masiva adhesión del paro promovido por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contra los despidos masivos e injustificados en las administraciones públicas de todos los niveles fue un ensayo de epopeyas mayores, aquellas que sólo se podrán dar si en pos de un objetivo común se dejan atrás las rivalidades que atomizaron al movimiento obrero en los últimos diez años.

La clase política fue más sagaz. Rápidamente los sectores de la oposición hicieron validar las credenciales que ganaron por el voto popular y se instalaron en un discurso crítico que comenzó a marcarle la cancha al nuevo gobierno en materia económica. La gestión del PRO se lo dejó servido en bandeja con el cambio del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias que, lejos de actuar como la muestra de que se cumplieron las promesas de campaña, abrieó más crudamente la brecha social al incorporar a miles de nuevos trabajadores y jubilados al pago del tributo.

También esa jugada quizás sea la bisagra para lo que se viene. El reagrupamiento de las centrales sindicales, incluso de las dos CTA, para unificar reclamos, la creación de un bloque de Diputados de extracción sindical para apurar las modificaciones de la escala tributaria de Ganancias, en un marco de luces amarillas en términos de empleo y creciente conflictividad social, anticipan un nuevo frente de resistencia, que con los múltiples matices e intereses que encierra puede marcarle la cancha a un presidente muy afecto a “consensuar por decreto”.

http://www.lacapital.com.ar/economia/El-empleo-y-el-cambio-de-ciclo-en-la-economia-argentina-20160228-0014.html

En dos meses MM pone Argentina en manos del FMI y echa a 27.000 funcionarios

08 de febrero de 2016.

Fuente: Larepublica.es/

Siendo un político que viene del sector empresarial, y con un gabinete conformado en su mayoría por ejecutivos de empresas multinacionales, las medidas que ha tomado son coherentes con ese perfil.

Sin ser objeto de un incisivo desgaste en los medios de comunicación, y con la ventaja de un verano estival que ha tenido a la Justicia y al Congreso en receso por vacaciones, Macri ha hecho honor a su profesión de ingeniero poniendo énfasis en los números.

El mandatario se ha empleado a fondo para deshacerse de la “grasa militante”, como denominó con desprecio su ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay a los contratados en el Estado durante el anterior Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Más de 27.000 personas ha sido expulsadas de la administración pública. No hubo auditorias públicas, ni un proceso transparente para justificar la sangría de despidos. Un sindicato estatal ha plantado cara anunciando una huelga general para el 24 de febrero. Las manifestaciones están a la vuelta de la esquina.

Siempre a través de sus ministros, y con la ayuda de un par de decretos que le dan el marco legal, Macri anunció que ya prepara la suspensión de otros 11.000 concursos públicos. En el sector privado, casi 23.000 personas han perdido sus puestos de trabajo.

Mientras tanto, el presidente pide “prudencia” en las negociaciones salariales que comienzan ahora entre empresas y trabajadores con el afán de que los aumentos en los salarios queden por debajo de la inflación, aunque eso haga perder poder adquisitivo a las familias. Su prioridad es garantizar la “competitividad” a las empresas.

El Gobierno no ha tomado, desde que asumió el poder en diciembre, ninguna medida relevante en materia social, educativa, sanitaria o laboral que se haya acercado a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En cambio, se ha apresurado en arreglar el litigo judicial que desde hace quince años enfrenta el país con los fondos especulativos por la restructuración de una parte de la deuda que fue declarada en suspensión de pagos con la crisis de 2001.

Aunque el 92 % de los acreedores entró en los canjes de deuda propuestos por los ex presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández en 2005 y 2010, hubo un 7 % de los llamados fondos buitre que decidió batallar en las Cortes de Nueva York.

Antes de terminar su mandato, la ex mandataria consiguió que la ONU emitiera una resolución en la que aprobaba siete principios básicos para procesos de reestructuración de deuda. Ajeno a ello, Macri mandó a sus negociadores a Estados Unidos para proponer a los fondos buitre el pago de 6.500 millones de dólares, de los 9.000 que reclamaban. Dos de los seis acreedores principales han aceptado. Ese dinero saldrá de la emisión de nuevos bonos que generarán más deuda.

Como por algún lado hay que ajustar, el actual Gobierno ha eliminado los subsidios en electricidad, tras declarar oportunamente, y por decreto, la emergencia energética. También ha devaluado el peso argentino un 30 % con respecto al dólar, dejando su cotización libre en el mercado. Además ha suprimido las retenciones en la exportación de cereales, y ha reducido los impuestos sobre la soja, el principal cultivo del país.

Los grandes productores del campo, que en 2008 casi hicieron caer el Gobierno de Cristina Fernández por su intento de establecer un sistema móvil en los aranceles de la soja, el trigo y el maíz de acuerdo a su precio internacional, han tardado poco en comenzar a liquidar la cosecha que tenían almacenada. Ninguna medida ha tomado el Ejecutivo para desconcentrar el poder que ha favorecido la especulación en un país agroexportador como Argentina.

http://www.rosarionet.com.ar/rnetw/nota164327

Fallas teóricas

Domingo, 7 de febrero de 2016

ENFOQUE.

 Por Claudio Scaletta.

Se puede creer que la administración de la Alianza PRO es una plutocracia que busca favorecer a los sectores más acomodados de la población. Para quienes están ideológicamente en la vereda de enfrente las dudas son pocas. Basta con escuchar hasta el modo de hablar de los primeros funcionarios, sus descuidos excluyentes y racistas, ver las universidades de las que provienen o advertir el perpetuo sesgo de clase de quienes desconocen, por ejemplo, lo que significa para una familia quedarse sin ingresos. Sin embargo, estas cuestiones son ajenas al análisis económico. El gran problema de los economistas de la Alianza PRO no es su situación de clase o su falta de empatía con los sectores más postergados, sino que su teoría económica está mal y, en consecuencia, conducirán a una recesión segura y a una crisis posible. No es un dato nuevo ni una visión en la bola de cristal, ya lo hicieron en el pasado.

El padre de todos los errores es la creencia de que un gobierno “amistoso con los mercados”, que genere “un buen clima de negocios”, tendrá necesariamente respuestas positivas del poder económico. El segundo error, más teórico, es creer que basta con frenar la inflación, liberalizar el comercio y reducir impuestos y regulaciones para que “se liberen las fuerzas productivas” y la economía crezca de la mano de la explosión de la inversión. El tercero, igual de grave, es creer que si todos estos ajustes se hacen rápido se obtendrán resultados a velocidad similar. Quizá sea una obviedad decirlo, pero el buen hacedor de políticas económicas es el que puede predecir con claridad el comportamiento de los actores frente a las medidas implementadas. De nada vale el más sofisticado de los diseños, si luego los actores no responden según lo esperado.

En esta línea resulta de interés escuchar las pocas autocríticas que asoman sobre el mar de optimismo. Un columnista del diario La Nación, por ejemplo, se quejaba amargamente por “la irresponsabilidad” de los sectores exportadores y formadores de precios. La crítica hacia los primeros era porque no están liquidando los 400 millones de dólares diarios prometidos, sino bastante menos que la cuarta parte, especulando con nuevas devaluaciones. Hacia los segundos, porque a pesar del cambio de reglas económicas habían respondido con fuertes subas en casi todos los rubros, desde los insumos industriales a los medicamentos, pasando por todos los alimentos, incluyendo no sólo el componente de precios resultado de la quita de retenciones y los insumos importados, es decir, las subas lógicas, sino aprovechando la volada para todo lo demás. Los reproches no fueron sólo periodísticos, también estuvieron presentes en las reuniones entre el Gobierno y empresarios. Al parecer, ya no sería la “emisión descontrolada” la responsable de la inflación. Lo notable, hablando de predicciones, es que los “policymakers” PRO sigan creyendo genuinamente que exportadores y formadores de precios responderán, más allá de algún gesto coyuntural, a los pedidos de responsabilidad de los funcionarios. Al poder económico se lo gobierna con reglas.

Lo que sí parecen tener claro los nuevos funcionarios es que las subas de precios dependen del nivel de salarios (aunque crean que el mecanismo de transmisión sea la demanda y no los costos), por eso todas las energías y expectativas están puestas en las paritarias, donde se pretende negar el fuerte salto inflacionario desde el pasado noviembre y se juega con la fantasía de una inflación de entre el 20 y 25 por ciento para todo 2016. Según un relevamiento del CESO sobre los precios de los supermercados, sólo en enero, sin aumentos de tarifas, los aumentos rondaron el 4 por ciento, pero llegaron al 4,9 para la Canasta Básica Alimentaria (ver nota de tapa). Tras la magra oferta realizada en la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, lindante con la falta de respeto a la dirigencia gremial, difícilmente los encuentros secretos entre Mauricio Macri y líderes cegetistas, incluidas las suculentas transferencias para las obras sociales sindicales, serán suficientes para contener a las bases. No debe olvidarse el fuerte impacto del nuevo tarifazo eléctrico. La Consultora Contexto cruzó los aumentos que comenzaron a regir este mes con los ingresos por deciles de la Encuesta Permante de Hogares y calculó la poda de poder adquisitivo para el 10 por ciento más pobre en un significativo 12,9 por ciento en el caso de los residentes de AMBA y del 6,9 para el resto del país. La diferencia se debe a que en el segundo caso todavía no se ajustó el cargo por distribución (VAD). Si se toma el promedio de los tres deciles más bajos, la poda es del 10,6 para el AMBA y del 5,6 para el resto. Estos números representan lo que va a caer el poder adquisitivo del 30 por ciento más pobre de la pirámide de ingresos solamente por la suba de tarifas eléctricas. El Gobierno sostiene que estos sectores serían compensados por la tarifa social, pero lo cierto es que son quienes proporcionalmente más consumen electricidad tanto por la falta de acceso al gas como por poseer electrodomésticos más viejos y difícilmente puedan mantener su consumo por debajo de la exigencia de los 150 Kilowatts hora, el tope a partir del cual rige la tarifa plena. No debe olvidarse, además, que para las pymes del AMBA la tarifa eléctrica aumentará alrededor del 550 por ciento. Y todavía faltan los ajustes en el gas y en el transporte público.

Inflación desatada, especialmente en alimentos, y tarifas que contribuirán a la poda del poder adquisitivo no parecen el mejor combo para paritarias tranquilas, el principal objetivo de un gobierno cuya teoría le indica que la baja inflación es el objetivo principal. Por ello el tercer componente es el miedo a perder el empleo. Según el Observatorio de la Central de Trabajadores Argentinos, los despidos de los primeros 50 días de gestión de la Alianza PRO suman 25.599 en el sector público y 41.529 en el privado, es decir, 67.128 nuevos desocupados. Esta cifra significa un aumento del desempleo del 7 por ciento, con lo que la desocupación creció del pesado 5,9 por ciento heredado al 6,3, un número todavía demasiado bajo para desempoderar, pero suficiente para volverse precavidos al momento de negociar.

Aunque todo ocurre a la velocidad de la luz y el pasado reciente parece lejano, vale recordar cómo cambió radicalmente el contenido de la discusión económica: de Impuesto a las Ganancias y superar restricción externa para seguir creciendo a caída del poder adquisitivo, recesión y desempleo. A la nueva administración le bastaron apenas dos meses para alterar todos los indicadores y justificar un ajuste. Es un verdadero éxito de legitimación que los economistas que siguen hablando de austeridad, siempre con tono de reproche moral, una suerte de monjes de la profesión, continúen siendo considerados “serios”. No lo son. Utilizan teorías erróneas, refutadas por la historia, o defienden a sabiendas los intereses del poder económico en desmedro del bienestar de las mayorías.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/33-9130-2016-02-07.html

“Una gran transferencia a los ricos”

Sábado, 30 de enero de 2016

STIGLITZ CRITICO LA ELIMINACION DE LAS RETENCIONES DECIDIDA POR MACRI.

Stiglitz criticó el programa de metas de inflación del Banco Central.

El economista alertó también sobre los riesgos de la devaluación en los precios internos a través de una suba de los bienes transables y los importados y la caída del mercado interno producto de los despidos.

“Las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri son preocupantes: en particular, el recorte permanente en los impuestos a la exportación es una gran transferencia a los ricos, con un gran costo para los trabajadores ordinarios. Cualquiera que sean los beneficios de eficiencia, las consecuencias distributivas y para el desarrollo no pueden ser ignoradas”, señaló ayer el Premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz, en un artículo que firmó junto al economista Martín Guzmán. El economista alertó también sobre los riesgos de la devaluación en los precios internos a través de una suba de los bienes transables (exportables) y los importados y la caída del mercado interno producto de los despidos. “A la vista de las crecientes presiones inflacionarias, el Banco Central probablemente elevará las tasas de interés. Si se hace con cuidado, esto podría reducir la demanda suficiente para restaurar un aparente equilibrio macroeconómico”, remarca. No obstante, alerta que incluso si se dan estas condiciones, el aumento de despidos en distintos sectores donde no haya cuellos de botella lo más probable es que empuje hacia arriba la tasa general de desempleo, y con la inflación sólo domesticada en parte, la actividad caería en un proceso de estanflación.

Pese a su relación con el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, el economista estadounidense no ahorró críticas a lo hecho en las primeras seis semanas de gobierno macrista. Principalmente, en lo referente a las medidas aplicadas por el organismo monetario. Al día siguiente de que el gobierno dispusiera levantar las restricciones a la compra de moneda extranjera, Stiglitz se reunió con Sturzenegger, pero el contenido de la charla no trascendió. Es sabido por sus escritos que el profesor de la Universidad de Columbia es un férreo opositor a los programas de metas de inflación como el que busca aplicar el actual equipo económico. “Vayan mis condolencias a los desafortunados ciudadanos de los que lo han hecho”, fue lo que escribió en 2008 en referencia a este tipo de programas.

En su último artículo vuelve a la carga sobre este punto y remarca la situación que dejó el anterior gobierno, muy lejos de la idea de pesada herencia que asegura el macrismo. “Algunos aspectos de la situación económica de Argentina son muy deseables. No menos importante es su baja relación deuda respecto al PIB”, advierte Stiglitz. “Como resultado, el gobierno de Macri se enfrenta a una tarea mucho menos intimidante que la enfrentada por Kirchner en 2003, después de un experimento de una década con las políticas del Consenso de Washington (la desregulación financiera, la liberalización del comercio y la privatización), junto con la paridad del peso con el dólar, que terminó en desastre”, agregó en su extenso artículo. Según relata, en ese contexto “el gobierno de Kirchner aplicó políticas que condujeron a una reducción masiva del desempleo, la pobreza y la desigualdad”.

“La tarea de Macri es hacer frente a los desequilibrios externos y fiscales y reducir la inflación, sin deshacer lo que se ha logrado”, según sostiene. En sus primeras semanas, el gobierno decidió eliminar las retenciones a la exportación de granos –con excepción de la soja, que redujo el impuesto de 35 al 30 por ciento, y los controles cambiarios, lo que resultó en una devaluación de alrededor del 35 por ciento del peso frente al dólar–. “Si los mayores precios de los productos nacionales previamente sujetos a impuestos a la exportación y los precios de importación (como resultado de la devaluación) se transmiten a los consumidores, los salarios reales caerán, los trabajadores en ese caso exigirán aumentos salariales mayores, lo que terminará empujando al alza la inflación”, remarca. En este sentido, señala que si el Banco Central hace una política contractiva muy agresiva e impulsa la economía a la recesión, los pobres se verán afectados de manera desproporcionada. “Un régimen de metas de inflación hará este resultado más probable”, concluye el economista.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-291424-2016-01-30.html

Volver al mundo carnal

Domingo, 24 de enero de 2016.

Por: Mario Wainfeld.

Del desendeudamiento al regreso al FMI. Prat-Gay, recuerdos del pasado y bretes del presente. El desempleo y el bajo endeudamiento, en la mira oficial. La lógica de los despidos. Contexto político, grato a la derecha. Contexto económico difícil. Gremialistas, puestos a prueba.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, condujo el Banco Central en parte de las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Este prescindió de sus servicios en 2004, cuando era momento de renovarlo o no en el cargo.

El banquero central se venía llevando bien con el mandatario y mal con el ministro de Economía Roberto Lavagna. Se estaba ultimando la apertura del primer canje de deuda externa. Prat-Gay comenzó a plantear cuestionamientos a la propuesta argentina, al principio en voz baja. Llegado el momento, le trasladó su moción alternativa a Kirchner. Arguyó que Lavagna había sobreactuado su dureza con los acreedores y con los organismos internacionales de crédito. Vaticinaba un fracaso estridente del canje, sugería mejorarlo poniendo 2000 millones de dólares cash para saciar el apetito de los acreedores. Y un trato mucho más transigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los organismos internacionales de crédito. Respecto del Fondo, promovía un cumplimiento estricto de sus “metas”.

En el relato de Prat-Gay, si no se ponía la plata sobre la mesa (un dineral en ese momento) y no se retomaba la relación cariñosa con los organismos el canje sería un fracaso y el 2005 un año fatal para la economía argentina. Prat-Gay leía, en errada perspectiva política, que Kirchner y Lavagna estaban enfrentados en ese tema, justo en la coyuntura en la que era imprescindible cerrar filas.

A Kirchner el planteo le cayó fatal. Percibió que se dividiría el frente interno justo en el tramo decisivo, un síntoma de debilidad que la contraparte aprovecharía. Despidió al banquero central sin más, diciendo que “quería hacernos poner 2000 palos verdes”. Kirchner no era muy florido orador pero siempre se entendía lo que quería decir. Maliciaba que Prat-Gay atendía más al interés de los bonistas que al nacional, por ponerlo con delicadeza, “La política económica la manejo yo”, concluyó el presidente y obró en consecuencia. Todo esto fue contado en este diario en ese lejano entonces, escala uno en uno.

El canje, es sabido, fue exitoso. El 2005 un tiempo próspero con reactivación de la economía real, generación de cientos de miles de puestos de trabajo formales. El Frente para la Victoria (FpV) se consolidó electoralmente con el triunfo arrasador de la hoy ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires contra Hilda “Chiche” González de Duhalde.

Mucha agua pasó bajo los puentes desde entonces. Prat-Gay es un alfil relevante en el equipo del presidente Mauricio Macri. En la semana que pasó lo acompañó a Davos, accedió a que el FMI vuelva a intervenir en la economía nacional. Y sentó las bases para un nuevo endeudamiento.

En la “herencia maldita” que recibió Macri hay dos indicadores que eran virtuosos para el kirchnerismo. Un bajísimo endeudamiento público y privado por un lado, medido en relación al PBI. Y una baja tasa de desempleo por otro. Ambos fueron objetivos centrales de las gestiones kirchneristas, en los mejores y en los peores momentos. Insumieron esfuerzo colectivo, inversión social, políticas direccionadas.

El macrismo se encamina ahora a cambiar esas variables: aumentar el endeudamiento y el desempleo. Ya emprendió el rumbo y esto recién empieza.

Las diferencias importan

La economía padece un problema recurrente en nuestra historia: la restricción externa. Acudir al crédito internacional no es pecado, si se hace con tino y sentido nacional. El gobierno anterior quiso intentarlo, por eso saldó deudas con el Club de París. También esa motivación fue una de las concausas del acuerdo con Repsol previo a la recuperación estatal de YPF. Lo obstaculizó un repunte de la crisis financiera que azota al mundo desde 2008, con breves ratos de tregua.

Re-endeudarse formaba parte del “programa común” de los tres presidenciables que sacaron más votos el año pasado: Macri, el ex gobernador Daniel Scioli y el diputado Sergio Massa.

Las propuestas electorales ya mostraban un giro a centro derecha del sistema político, la diferencia sensible era la moderación y ciertos compromisos. Scioli, con Silvina Batakis como ministra de Economía y Miguel Bein como consultor estrella, lideraba una fuerza comprometida con la conservación del empleo, la defensa de la industria local y ciertos pisos inderogables de derechos laborales y sociales. Macri llegó con (muy) otra hoja de ruta, que hizo escala en la estelar localidad suiza.

El oficialismo ya produjo cambios contundentes: una transferencia de ingresos sideral a favor de los grandes exportadores, “el campo” a la cabeza. Una trepada de precios notable, en especial en artículos de primera necesidad. Una batida brutal de despidos en el sector público que promete escalar.

Ninguna medida pro-trabajadores despintó el cuadro general. Calma, que una habrá aunque (porque) no será de cuño propio.

En marzo se producirá el aumento semestral a los jubilados, otra herencia aciaga del kirchnerismo, tanto en su regularidad como en los valores reparadores derivados del coeficiente fijado por ley. Las huestes de Cambiemos despotricaron contra esas normas, no las votaron. Algo es algo: por ahora no hay DNU a la vista para derogarlas.

Tomar sólo con prescripción médica

Conseguir fondos vía endeudamiento es una de las claves de la política económica del macrismo. En su versión más caritativa, se supone que servirán de colchón para compensar medidas regresivas. Ningún gobierno democrático se consolida sin tener plata, los de derecha no excepcionan la regla.

El equipo financiero de Prat-Gay subrayó que se desbloquearon créditos factibles de organismos internacionales volcados a proyectos sociales o de infraestructura: el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Es así y es cierto que Cristina Kirchner venía predicando desde hace años que es válido endeudarse para promover políticas sociales o potenciar la obra pública. El nodo, en esta y tantas cuestiones de la vida, es cómo se hace y por cuánto.

Los administraciones posteriores a 2003 mantuvieron relación con el BM y el BID, que se no extrovirtieron mucho porque chocaba con su discurso más simplista. Se volcaron para financiar total o parcialmente programas del área de Salud como el Remediar, el Nacer, el Funciones esenciales en Salud Pública (FESP). El programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo del ministerio ídem es otro caso. La lista es incompleta, se da como ejemplo.

Lo que el kirchnerismo siempre rechazó es quedar supeditado a las condiciones-imposiciones del FMI que ahora se vuelven a aceptar, camufladas en sus clásicas revisiones de las cuentas públicas.

Hay un argumento banal de los apologistas del crédito internacional. “Si cumplís bien, nunca se paga, siempre se refinancia.” Referido a la banca privada o pública extranjera, es un insulto a la inteligencia suponer que esos piratas son filantrópicos o que pierden dinero.

El FMI es un ejemplo distinto porque su finalidad superior no es la financiera sino la intervención y control de las políticas estatales de sus “socios”. La sujeción les importa más que el pago monetario. En rigor, el pago no dinerario se constituye en una variable de la dependencia.

En manos de un gobierno empresas-friendly la herramienta es un riesgo enorme. Goza de una ventaja comparativa respecto de la última década del siglo pasado: es el margen que da el bajísimo endeudamiento.

Los laburantes, un problema

Un punto nodal es el empleo en la concepción de la derecha argentina y mundial. El salario es, antes que nada, un rubro de la “competitividad”. Traducido al criollo: salarios decorosos o dignos... competitividad en vilo.

La valoración no pondera solo ni principalmente criterios de igualdad o de justicia social, vade retro. Lo sustancial es la comparación con el de otros países. Concepto que choca de frente con el relativo orgullo de los argentinos que ganan más que sus vecinos y hermanos se clase. Un empresario de Siderca les explicaba recientemente a gremialistas con los que cinchaba que en ese sector un trabajador argentino gana en relación de 1,5 a 1 respecto de un mexicano, después de la devaluación. La solución, ya se sabe, es achicar la diferencia.

La funcionalidad de los despidos del sector público (que cobran masividad y se tornan aluvionales) no se limita a la “reducción del gasto público”. También aumenta la cantidad de desocupados, con la hipótesis de minar la combatividad sindical y también de aumentar la masa de desocupados

El sector público es un coto de caza del macrismo, cualquier porcentaje virtual concretado de despidos mete pavura (ver recuadro aparte).

Los despidos en el sector privado incluyen esa lógica y no están exentos del ánimo revanchista de patronales obtusas que creen que los trabajadores gozaron de privilegios exorbitantes en este tiempo.

El quántum se develará en meses o en un año. Apostar a un incremento sensible del desempleo es una praxis perversa todo indica que es plato principal del menú y es el escenario más factible, que va despuntando.

Hacer es más difícil que decir

La rebaja o quita de las retenciones surtió efectos inmediatos. Pero, ay, los aliados estratégicos “del campo” no desembolsaron todas las divisas que Prat-Gay dio por pagadas cuando anunció la devaluación. Las trapisondas entre ganadores están en el orden del día.

La suscripción de los Bonar 2020 resultó un fiasco. El oficialismo culpa al mal momento financiero internacional, que existe. Sus críticos reprochan mala praxis a los JP Morgan boys. La pluri causalidad ayuda a comprender la mayoría de los fenómenos, por ahí también estos.

Prat-Gay usa el vocablo “holdouts” para nombrar a los fondos buitre, que le contestan como si fueran aves de rapiña. El Gobierno les habló con el corazón y por ahora se toparon con que los usureros son implacables y poco contemplativos. Compartir ideología con quienes representan a los deudores no los domestica. La realidad se hace difícil, aunque la aquiescencia de los negociadores argentinos puede lubricar algo. Durante años se contó que la mala educación del kirchnerismo impedía un acuerdo veloz y satisfactorio... en fin.

Davos, dulce hogar

Davos es una ciudad acogedora, chimentan. La agenda con dirigentes políticos de otros países es un ensueño para Macri, Prat-Gay y Massa que fue de chaperón. La nómina de gobernantes de derecha es llamativa. El primer ministro británico David Cameron, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Si el republicano Donald Trump triunfara en las primarias y en las presidenciales norteamericanas acunaría una pesadilla para su país y para el mundo. Puede ocurrir o puede quedar en el camino, la sola perspectiva agobia.

El Frente Nacional de la dinastía Le Pen crece en Francia, su principal adversario pinta ser la derecha reaccionaria y chauvinista del ex presidente Nicolás Sarkozy. La diferencia existe pero las semejanzas predominan y abruman.

La derecha ganó las elecciones presidenciales acá, las parlamentarias en Venezuela. En Brasil jaquea a la presidenta Dilma Rousseff a la que poco y nada le sirvió remedar el programa de sus adversarios.

El contexto político general es una regresión derechista, a gusto y paladar de Cambiemos.

El contexto económico es infausto para cualquier proyecto. China ya no crece a tasas chinas. El tren europeo consta solo de la locomotora alemana, con cero vagones. Brasil sigue en recesión. El precio del petróleo, permítase un sarcasmo fácil, perfora el piso.

En ese marco arranca el primer mandatario de derecha elegido por el voto popular. Deberá tener mucha muñeca para sostener la legitimidad y la gobernabilidad.

La obcecación en ciertas medidas brutales, la detención de Milagro Sala a la cabeza, posiblemente lo erosionarán en el largo plazo aunque por ahora no se note. La coparticipación dadivosa a la Ciudad Autónoma puenteando y despreciando a los demás gobernadores no parece ser una genialidad política, precisamente, aunque de momento todo pasa.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-290986-2016-01-24.html

Volver al FMI como si nada hubiera pasado

Jueves, 21 de enero de 2016.


Por: Tomás Lukin

PRAT-GAY ANUNCIO QUE EL GOBIERNO ACEPTARA NUEVAMENTE LAS AUDITORIAS ECONOMICAS POR PARTE DEL FONDO.

Christine Lagarde venía reclamando la recuperación del vínculo con la Argentina, interrumpido desde 2006. Imagen: EFE.

En Davos, Suiza, donde participa del Foro Económico Mundial neoliberal, el ministro de Hacienda y Finanzas reveló que la Argentina está dispuesta a retomar las revisiones del FMI, en el marco del artículo IV de su estatuto. “No tenemos nada que ocultar”, afirmó.

“Queremos un artículo IV porque no tenemos nada que ocultar”, afirmó ayer el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. La afirmación del funcionario confirmó la decisión del Gobierno de rehabilitar la auditoría anual de la economía realizada por el staff del Fondo Monetario Internacional. La última vez que el organismo multilateral visitó la Argentina para elaborar ese documento fue en mayo de 2005, siete meses antes del pago anticipado de toda la deuda con el FMI concretada por el ex presidente Néstor Kirchner. La revisión macroeconómica es un requerimiento para los países miembro del Fondo. Si bien se trata de una supervisión técnica de la economía local, esos informes funcionaron históricamente como mecanismos de legitimación para implementar políticas fiscales, monetarias, laborales y cambiarias ortodoxas que no necesariamente eran exigidas por el organismo.

La decisión de permitir la supervisión del Artículo IV no representa un paso hacia la solicitud inminente de un crédito al Fondo. Desde la lógica del Palacio de Hacienda, la “normalización” del vínculo representa un activo adicional ante inversores extranjeros y futuras colocaciones de deuda externa al tiempo que los diferencia de sus antecesores en la Casa Rosada. Así, el anunciado regreso de las misiones del organismo forma parte del proceso de reinserción plena en el sistema financiero buscada por el Palacio de Hacienda, donde también se deben computar otras iniciativas concretas y simbólicas. En ese listado se anotan el desmantelamiento de las regulaciones cambiarias, la reactivación de las conversaciones directas con los fondos buitre, la instalación de un esquema de metas de inflación, el crédito de corto plazo con bancos extranjeros que sería anunciado hoy y la participación del presidente Mauricio Macri con sus colaboradores especializados en el Foro Económico Mundial de Davos.

Fue precisamente desde Suiza donde el ministro Prat-Gay dio la bienvenida al Fondo durante una conversación con la agencia de noticias financiera Bloomberg. Las autoridades del FMI habían expresado en diciembre su intención de restablecer “un diálogo más profundo con las autoridades argentinas sobre las políticas económicas”, pero el inicio del diálogo bilateral informal entre los referentes económicos de Cambiemos y el Fondo se remonta al tramo final de la campaña presidencial. De todas formas, en el FMI indicaron a este diario que “todavía no hay novedades sobre el Artículo IV”.

Hasta el momento, el ingreso de divisas de diferentes fuentes prometido por el ministro Prat-Gay al iniciar su gestión está lejos de cumplirse. El interés del funcionario para revitalizar el vínculo con el cuestionado organismo multilateral de crédito no es novedoso. Al insertarse como referente de la Coalición Cívica en 2008, comenzó a reclamar que el país solicite financiamiento al FMI. De hecho, la iniciativa formó parte de su campaña para diputado nacional al año siguiente. Durante una entrevista con Página/12, el ex banquero central y ex empleado del JP Morgan Chase se refirió a la posibilidad de rehabilitar las supervisiones del artículo IV: “No tendría ningún problema en que me evalúen si hacemos las cosas bien. En la Argentina agrandamos giles y, entre ellos, a los burócratas del Fondo. Uno se sienta, les explica las cosas y los puede convencer. Hoy están dispuestos a prestar casi sin exigencias. Ahora si vamos a ser tan estúpidos de pagarle todo cuando no había que pagarle y después dejar pasar la oportunidad de que nos presten...”.

A pesar de las permanentes tensiones, el acercamiento al FMI tampoco estuvo fuera de la agenda del gobierno anterior. Con una agenda distinta a la de Prat-Gay, los últimos tres ministros de Economía del kirchnerismo –Amado Boudou, Hernán Lorenzino y Axel Kicillof– evaluaron con las autoridades del organismo la posibilidad de permitir nuevamente la realización de los informes anuales. Explicaban que si se evitaba el circo mediático saliente en esas visitas durante los años finales de la convertibilidad, la difusión de un documento técnico crítico no representaba un inconveniente para un gobierno que se mofó de los errores de diagnóstico del FMI y hacía gala de los grados de libertad adquiridos al independizarse del organismo. No se llegó a un acuerdo. De todas formas, el organismo multilateral fue convocado para colaborar con la elaboración de las estadísticas de precios y crecimiento elaboradas por el Indec. Las críticas del organismo conducido por la francesa Christine Lagarde decantaron en una moción de censura contra el país. En junio del año pasado, el Fondo señaló que Argentina “aún no cumple totalmente con su obligación respecto del suministro preciso de datos” y extendió el plazo para alcanzar ese objetivo hasta julio.

Tradición y presente

Las relaciones entre Argentina y el FMI fueron tirantes desde la crisis de 2001-2002, pero las recetas de ajuste se remontan al primer crédito otorgado por la entidad al país en 1958. Durante el kirchnerismo, el organismo cuestionó la nueva orientación macroeconómica y la reestructuración de la deuda. La tensión se profundizó después del pago anticipado de los casi 10.000 millones de dólares de deuda que acumulaba el país en 2006. A pesar del desempeño económico, laboral y distributivo exhibido por el país, los reclamos para ajustar el gasto público, enfriar la demanda y fortalecer el clima de negocios fueron una constante de los informes del Fondo, donde se presentaron sus (fallidos) pronósticos de bajo o nulo crecimiento. A la incapacidad de un FMI para prevenir el estallido de la crisis internacional más grande desde 1930 se sumó la revitalización de sus tradicionales exigencias de ajuste fiscal y monetario junto con reformas estructurales del mercado de trabajo y el sistema previsional a la que están sujetos sus “salvatajes”. Incluso cuando el organismo comenzó a recomendar gastar más para sostener la demanda, una investigación realizada por el Center for Economic and Policy Research (CEPR) reveló cómo 31 de los 41 créditos otorgados en ese momento a economías de bajos ingresos incluyeron exigencias de políticas fiscales y/o monetarias procíclicas que exacerbaron las recesiones. Como se trataba de países como Burkina Faso, Jamaica, Pakistán, Ucrania, Nigeria y Lituania, no fue sino hasta la erupción de la crisis de la Eurozona que se reveló la voracidad del FMI. Las experiencias de Grecia y España son dos ejemplos recientes de la vitalidad que tienen los tradicionales lineamientos ortodoxos del Fondo que guiaron las orientación macroeconómica (y las crisis) en América Latina durante las décadas del ochenta y noventa.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-290774-2016-01-21.html

El paso necesario del proyecto neoliberal

Jueves, 21 de enero de 2016.

 Por David Cufré

La restauración conservadora que encarna el macrismo no hubiera estado completa sin la vuelta del FMI. Una relación activa con el organismo es el pasaporte que utilizará el Gobierno para regresar al mundo donde gobiernan las finanzas, un lugar donde las calificadoras de riesgo, los bancos de inversión y los gurúes de la ortodoxia marcan las líneas y los límites de la política económica. El Fondo Monetario Internacional concentra la representación institucional de ese poder. Es el vehículo a través del cual se manifiestan los intereses económicos de los países centrales, sus multinacionales y financistas –con Estados Unidos a la cabeza–, estableciendo alianzas al interior de los países con otros sectores concentrados del capital para imponer condiciones al resto de la sociedad. Las principales cámaras empresarias nacionales han sido muy hábiles en el pasado para escudarse detrás de los técnicos del Fondo y dejar que fueran ellos los que presionaran por políticas que los tenían como beneficiarios, especialmente en el campo laboral.

Anoop Singh, enviado del FMI en los 90, uno de los responsables de precipitar a la Argentina en la pavorosa crisis del 2001.

La Argentina se liberó de esa subordinación a los mandatos del FMI en enero de 2006, cuando Néstor Kirchner canceló de una vez los casi 10.000 millones de dólares adeudados a la institución. Fue una bisagra, un quiebre para todo lo que vino después. Sin esa recuperación de soberanía en el manejo de la política económica no hubieran sido posibles la estatización de las AFJP, YPF o Aerolíneas Argentinas; ni la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para mandatarlo a cuidar el crecimiento económico y el empleo; ni planes como el Repro para pagar una porción de los salarios a los trabajadores de empresas en crisis; ni la ampliación del déficit fiscal para que el Estado saliera en rescate del sector privado frente a shocks externos; ni Precios Cuidados; ni las barreras a los capitales golondrina; ni obligar a bancos y compañías de seguros a financiar a las pymes y la economía real; ni la protección a la industria nacional frente a los productos importados; ni el desendeudamiento del Estado; ni las más de 70 leyes para restablecer derechos a los trabajadores. La enumeración de medidas es mucho más extensa y abarca prácticamente todos los campos, porque un proyecto de desarrollo nacional basado en su aparato productivo, el avance tecnológico y el consumo popular involucra una agenda que va en sentido opuesto a lo que representa el FMI.

El modelo de Cambiemos es el de la valorización financiera y para ello retomar el vínculo con el Fondo Monetario es un paso necesario. Cuando Alfonso Prat-Gay dice que el Gobierno acepta el retorno de las auditorías a la política económica porque no tiene nada que ocultar confirma que la estrategia es profundizar la doctrina neoliberal que el FMI avala. Por ahora el restablecimiento del vínculo aparece limitado a las revisiones anuales de la economía, en el marco del Artículo IV del estatuto del organismo. Sin embargo, el ministro y otros funcionarios anticiparon que se buscará afianzar la relación con el Fondo y el Banco Mundial, por lo cual las negociaciones para un acuerdo de financiamiento del propio FMI no tardarían en llegar.

El argumento para conseguir dólares del Fondo seguramente será que sus créditos son más baratos que los de mercado, por lo que no tiene sentido desaprovechar la oportunidad. El esfuerzo de la última década para liberar al país de la presión de los acreedores será reemplazado por una renovada carga de intereses. Y si el FMI se convierte otra vez en prestamista, a las auditorías anuales del Artículo IV se agregarán las revisiones trimestrales del acuerdo de financiamiento. La contaminación de la agenda económica nacional con esas visitas es conocida por los argentinos por la experiencia de los ‘90, cuando tecnócratas de la India, Chile o Italia se paseaban por la ciudad seguidos por móviles de televisión y radio como si fueran estrellas de cine. El Fondo no cambió entre aquellos años y el presente, de lo cual pueden dar testimonio los griegos, forzados hasta a desprenderse de edificios históricos para pagar a los acreedores. La orientación del gobierno argentino también es la misma que entonces, una combinación que constituye una amenaza cierta para el bienestar de las mayorías.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/290774-76281-2016-01-21.html