El empleo y el cambio de ciclo en la economía argentina

Domingo, 28 de febrero de 2016.

Muy afecto a la restauración, el empresariado argentino empezó a desempolvar las viejas recetas del ajuste y lo hizo sin anestesia.

Crisis laboral. La planta química Ar-Zinc de Fray Luis Beltrán cerró esta semana y dejó a 400 trabajadores en la calle.

Un nuevo cambio de ciclo asoma en el horizonte de la economía argentina. Mucho más cerca de lo que se preveía, la transferencia de recursos hacia los sectores más beneficiados acentuados por la devaluación fue apenas la primera muestra del sustrato más profundo de este proceso de acumulación que, a diferencia de las épocas del primer kirchnerismo, no viene acompañado de una expansión inédita de la actividad económica, pero sí de la convicción de que es clave sostener la renta extraordinaria.

Muy afecto a la restauración, el empresariado argentino empezó a desempolvar las viejas recetas del ajuste y lo hizo sin anestesia. El anuncio del cierre de la planta química Ar-Zinc (del grupo Glencore) en Fray Luis Beltrán, que deja a 400 trabajadores en la calle, es la muestra más visceral de esta nueva fase. Una que ya venían anticipando los conflictos como los de Paraná Metal en Villa Constitución, Vassalli, en Firmat, Sadesa en Las Toscas y un conjunto de pymes ligadas a la producción primaria o industrial en Santa Fe.

Estos procesos que con virulencia parecieron desatarse en forma desbocada a partir de la asunción del nuevo gobierno muestran varios frentes: por un lado, la importancia de las políticas de contención del empleo a través de un Estado que _con todos sus límites_ actúe como resguardo; y por otro, la falacia de que la readecuación de las variables macroeconómicas (tipo de cambio, subsidios, etcétera) son garantes per se de un reacomodamiento de la actividad y un aluvión de inversiones.

En realidad, la sucesión de suspensiones, retiros voluntarios y despidos expresa, con sus variantes, cómo esta nueva fase del modelo busca barajar y dar de nuevo, habida cuenta de que las señales de expectativas positivas que pregonan desde los distintos sectores para el segundo semestre caminan en paralelo con el telegrama fácil y el achique.

Esta suerte de pacto social velado que logró sostener a cuentagotas el último mandato de Cristina hizo eclosión rápidamente, en buena parte alimentado por la contención forzada de variables que ahogaban a muchas economías regionales, pero en el fondo, y en definitiva, por una decisión clara de avanzar hacia una nueva fase del modelo que necesita restaurar posiciones entre aquellos actores más fuertes en la puja distributiva.

Este frente de tormenta se transformó en un terreno obligadamente fértil para la política y la pelea gremial, que rápidamente obligó a la ortodoxia sindical a despabilarse de la larga siesta de los acuerdos y la chicana fácil, para alinearse en un frente común de reclamo. Y dar por finalizada la luna de miel con Macri. Y a las organizaciones más opositoras a sumar masa crítica en la calle detrás de sus tradicionales consignas.

La masiva adhesión del paro promovido por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contra los despidos masivos e injustificados en las administraciones públicas de todos los niveles fue un ensayo de epopeyas mayores, aquellas que sólo se podrán dar si en pos de un objetivo común se dejan atrás las rivalidades que atomizaron al movimiento obrero en los últimos diez años.

La clase política fue más sagaz. Rápidamente los sectores de la oposición hicieron validar las credenciales que ganaron por el voto popular y se instalaron en un discurso crítico que comenzó a marcarle la cancha al nuevo gobierno en materia económica. La gestión del PRO se lo dejó servido en bandeja con el cambio del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias que, lejos de actuar como la muestra de que se cumplieron las promesas de campaña, abrieó más crudamente la brecha social al incorporar a miles de nuevos trabajadores y jubilados al pago del tributo.

También esa jugada quizás sea la bisagra para lo que se viene. El reagrupamiento de las centrales sindicales, incluso de las dos CTA, para unificar reclamos, la creación de un bloque de Diputados de extracción sindical para apurar las modificaciones de la escala tributaria de Ganancias, en un marco de luces amarillas en términos de empleo y creciente conflictividad social, anticipan un nuevo frente de resistencia, que con los múltiples matices e intereses que encierra puede marcarle la cancha a un presidente muy afecto a “consensuar por decreto”.

http://www.lacapital.com.ar/economia/El-empleo-y-el-cambio-de-ciclo-en-la-economia-argentina-20160228-0014.html

En dos meses MM pone Argentina en manos del FMI y echa a 27.000 funcionarios

08 de febrero de 2016.

Fuente: Larepublica.es/

Siendo un político que viene del sector empresarial, y con un gabinete conformado en su mayoría por ejecutivos de empresas multinacionales, las medidas que ha tomado son coherentes con ese perfil.

Sin ser objeto de un incisivo desgaste en los medios de comunicación, y con la ventaja de un verano estival que ha tenido a la Justicia y al Congreso en receso por vacaciones, Macri ha hecho honor a su profesión de ingeniero poniendo énfasis en los números.

El mandatario se ha empleado a fondo para deshacerse de la “grasa militante”, como denominó con desprecio su ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay a los contratados en el Estado durante el anterior Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Más de 27.000 personas ha sido expulsadas de la administración pública. No hubo auditorias públicas, ni un proceso transparente para justificar la sangría de despidos. Un sindicato estatal ha plantado cara anunciando una huelga general para el 24 de febrero. Las manifestaciones están a la vuelta de la esquina.

Siempre a través de sus ministros, y con la ayuda de un par de decretos que le dan el marco legal, Macri anunció que ya prepara la suspensión de otros 11.000 concursos públicos. En el sector privado, casi 23.000 personas han perdido sus puestos de trabajo.

Mientras tanto, el presidente pide “prudencia” en las negociaciones salariales que comienzan ahora entre empresas y trabajadores con el afán de que los aumentos en los salarios queden por debajo de la inflación, aunque eso haga perder poder adquisitivo a las familias. Su prioridad es garantizar la “competitividad” a las empresas.

El Gobierno no ha tomado, desde que asumió el poder en diciembre, ninguna medida relevante en materia social, educativa, sanitaria o laboral que se haya acercado a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En cambio, se ha apresurado en arreglar el litigo judicial que desde hace quince años enfrenta el país con los fondos especulativos por la restructuración de una parte de la deuda que fue declarada en suspensión de pagos con la crisis de 2001.

Aunque el 92 % de los acreedores entró en los canjes de deuda propuestos por los ex presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández en 2005 y 2010, hubo un 7 % de los llamados fondos buitre que decidió batallar en las Cortes de Nueva York.

Antes de terminar su mandato, la ex mandataria consiguió que la ONU emitiera una resolución en la que aprobaba siete principios básicos para procesos de reestructuración de deuda. Ajeno a ello, Macri mandó a sus negociadores a Estados Unidos para proponer a los fondos buitre el pago de 6.500 millones de dólares, de los 9.000 que reclamaban. Dos de los seis acreedores principales han aceptado. Ese dinero saldrá de la emisión de nuevos bonos que generarán más deuda.

Como por algún lado hay que ajustar, el actual Gobierno ha eliminado los subsidios en electricidad, tras declarar oportunamente, y por decreto, la emergencia energética. También ha devaluado el peso argentino un 30 % con respecto al dólar, dejando su cotización libre en el mercado. Además ha suprimido las retenciones en la exportación de cereales, y ha reducido los impuestos sobre la soja, el principal cultivo del país.

Los grandes productores del campo, que en 2008 casi hicieron caer el Gobierno de Cristina Fernández por su intento de establecer un sistema móvil en los aranceles de la soja, el trigo y el maíz de acuerdo a su precio internacional, han tardado poco en comenzar a liquidar la cosecha que tenían almacenada. Ninguna medida ha tomado el Ejecutivo para desconcentrar el poder que ha favorecido la especulación en un país agroexportador como Argentina.

http://www.rosarionet.com.ar/rnetw/nota164327

Fallas teóricas

Domingo, 7 de febrero de 2016

ENFOQUE.

 Por Claudio Scaletta.

Se puede creer que la administración de la Alianza PRO es una plutocracia que busca favorecer a los sectores más acomodados de la población. Para quienes están ideológicamente en la vereda de enfrente las dudas son pocas. Basta con escuchar hasta el modo de hablar de los primeros funcionarios, sus descuidos excluyentes y racistas, ver las universidades de las que provienen o advertir el perpetuo sesgo de clase de quienes desconocen, por ejemplo, lo que significa para una familia quedarse sin ingresos. Sin embargo, estas cuestiones son ajenas al análisis económico. El gran problema de los economistas de la Alianza PRO no es su situación de clase o su falta de empatía con los sectores más postergados, sino que su teoría económica está mal y, en consecuencia, conducirán a una recesión segura y a una crisis posible. No es un dato nuevo ni una visión en la bola de cristal, ya lo hicieron en el pasado.

El padre de todos los errores es la creencia de que un gobierno “amistoso con los mercados”, que genere “un buen clima de negocios”, tendrá necesariamente respuestas positivas del poder económico. El segundo error, más teórico, es creer que basta con frenar la inflación, liberalizar el comercio y reducir impuestos y regulaciones para que “se liberen las fuerzas productivas” y la economía crezca de la mano de la explosión de la inversión. El tercero, igual de grave, es creer que si todos estos ajustes se hacen rápido se obtendrán resultados a velocidad similar. Quizá sea una obviedad decirlo, pero el buen hacedor de políticas económicas es el que puede predecir con claridad el comportamiento de los actores frente a las medidas implementadas. De nada vale el más sofisticado de los diseños, si luego los actores no responden según lo esperado.

En esta línea resulta de interés escuchar las pocas autocríticas que asoman sobre el mar de optimismo. Un columnista del diario La Nación, por ejemplo, se quejaba amargamente por “la irresponsabilidad” de los sectores exportadores y formadores de precios. La crítica hacia los primeros era porque no están liquidando los 400 millones de dólares diarios prometidos, sino bastante menos que la cuarta parte, especulando con nuevas devaluaciones. Hacia los segundos, porque a pesar del cambio de reglas económicas habían respondido con fuertes subas en casi todos los rubros, desde los insumos industriales a los medicamentos, pasando por todos los alimentos, incluyendo no sólo el componente de precios resultado de la quita de retenciones y los insumos importados, es decir, las subas lógicas, sino aprovechando la volada para todo lo demás. Los reproches no fueron sólo periodísticos, también estuvieron presentes en las reuniones entre el Gobierno y empresarios. Al parecer, ya no sería la “emisión descontrolada” la responsable de la inflación. Lo notable, hablando de predicciones, es que los “policymakers” PRO sigan creyendo genuinamente que exportadores y formadores de precios responderán, más allá de algún gesto coyuntural, a los pedidos de responsabilidad de los funcionarios. Al poder económico se lo gobierna con reglas.

Lo que sí parecen tener claro los nuevos funcionarios es que las subas de precios dependen del nivel de salarios (aunque crean que el mecanismo de transmisión sea la demanda y no los costos), por eso todas las energías y expectativas están puestas en las paritarias, donde se pretende negar el fuerte salto inflacionario desde el pasado noviembre y se juega con la fantasía de una inflación de entre el 20 y 25 por ciento para todo 2016. Según un relevamiento del CESO sobre los precios de los supermercados, sólo en enero, sin aumentos de tarifas, los aumentos rondaron el 4 por ciento, pero llegaron al 4,9 para la Canasta Básica Alimentaria (ver nota de tapa). Tras la magra oferta realizada en la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, lindante con la falta de respeto a la dirigencia gremial, difícilmente los encuentros secretos entre Mauricio Macri y líderes cegetistas, incluidas las suculentas transferencias para las obras sociales sindicales, serán suficientes para contener a las bases. No debe olvidarse el fuerte impacto del nuevo tarifazo eléctrico. La Consultora Contexto cruzó los aumentos que comenzaron a regir este mes con los ingresos por deciles de la Encuesta Permante de Hogares y calculó la poda de poder adquisitivo para el 10 por ciento más pobre en un significativo 12,9 por ciento en el caso de los residentes de AMBA y del 6,9 para el resto del país. La diferencia se debe a que en el segundo caso todavía no se ajustó el cargo por distribución (VAD). Si se toma el promedio de los tres deciles más bajos, la poda es del 10,6 para el AMBA y del 5,6 para el resto. Estos números representan lo que va a caer el poder adquisitivo del 30 por ciento más pobre de la pirámide de ingresos solamente por la suba de tarifas eléctricas. El Gobierno sostiene que estos sectores serían compensados por la tarifa social, pero lo cierto es que son quienes proporcionalmente más consumen electricidad tanto por la falta de acceso al gas como por poseer electrodomésticos más viejos y difícilmente puedan mantener su consumo por debajo de la exigencia de los 150 Kilowatts hora, el tope a partir del cual rige la tarifa plena. No debe olvidarse, además, que para las pymes del AMBA la tarifa eléctrica aumentará alrededor del 550 por ciento. Y todavía faltan los ajustes en el gas y en el transporte público.

Inflación desatada, especialmente en alimentos, y tarifas que contribuirán a la poda del poder adquisitivo no parecen el mejor combo para paritarias tranquilas, el principal objetivo de un gobierno cuya teoría le indica que la baja inflación es el objetivo principal. Por ello el tercer componente es el miedo a perder el empleo. Según el Observatorio de la Central de Trabajadores Argentinos, los despidos de los primeros 50 días de gestión de la Alianza PRO suman 25.599 en el sector público y 41.529 en el privado, es decir, 67.128 nuevos desocupados. Esta cifra significa un aumento del desempleo del 7 por ciento, con lo que la desocupación creció del pesado 5,9 por ciento heredado al 6,3, un número todavía demasiado bajo para desempoderar, pero suficiente para volverse precavidos al momento de negociar.

Aunque todo ocurre a la velocidad de la luz y el pasado reciente parece lejano, vale recordar cómo cambió radicalmente el contenido de la discusión económica: de Impuesto a las Ganancias y superar restricción externa para seguir creciendo a caída del poder adquisitivo, recesión y desempleo. A la nueva administración le bastaron apenas dos meses para alterar todos los indicadores y justificar un ajuste. Es un verdadero éxito de legitimación que los economistas que siguen hablando de austeridad, siempre con tono de reproche moral, una suerte de monjes de la profesión, continúen siendo considerados “serios”. No lo son. Utilizan teorías erróneas, refutadas por la historia, o defienden a sabiendas los intereses del poder económico en desmedro del bienestar de las mayorías.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/33-9130-2016-02-07.html